Tras el operativo policial efectuado por la Guardia Civil el 14 de abril contra abogados y represaliados políticos -que el Ministerio español de Interior presentó como el descabezamiento del «aparato de makos» de ETA- un dossier interno del instituto militar apareció -se supone que por un descuido- en uno de los lugares registrados por los agentes. El dossier, que consta de 16 páginas con informes redactados, distintos gráficos y notas manuscritas, da cuenta de cómo se debía desarrollar el operativo, las detenciones, los registros e incluso los interrogatorios. Según fuentes jurídicas consultadas por GARA, esto último es en sí ilegal, pese a que se de por hecho en una detención incomunicada.
Pero el dossier va más allá, hasta el extremo de que recoge la siguiente frase en el apartado sobre los interrogatorios: «El tratamiento con los detenidos deberá perseguir el obtener una manifestación que ratifique las imputaciones judiciales que existen».
Desde hace una semana, tanto el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Fernando Grande-Marlaska, como los juzgados de Donostia y Bilbo que instruyen las denuncias de torturas presentadas por varios detenidos cuentan en su poder con una copia de este dossier policial.
Un informe cuyo contenido cobra más fuerza al contrastarlo con las declaraciones realizadas por los detenidos tras agotar el periodo de cinco días de incomunicación, ya que éstas concuerdan con lo recogido en el dossier. Es decir, podrían servir para reforzar la credibilidad de las denuncias de malos tratos y torturas y, al mismo tiempo, desacreditar las imputaciones policiales y las del propio ministro español de Interior.
Reunión entre comandancias
El dossier, que lleva por título «Distribución H-Alboka», arranca con datos precisos sobre cómo había que tratar a algunos de los detenidos y cómo al resto: los mandos policiales insisten en que se debe diferenciar entre los abogados Jon Enparantza, Arantza Zulueta, Iker Sarriegi y el artista Erramun Landa, por un lado, y el resto de detenidos, por otro. Y debían hacerlo en el momento de detenerlos, durante su estancia en los cuarteles, su traslado a Madrid -en furgón policial y no en coches camuflados- y durante sus interrogatorios. Como botón de muestra, en otro apartado del dossier en el que se da cuenta de una reunión preparatoria entre las comandancias de la Guardia Civil de Gipuzkoa y Bizkaia, se recoge la siguiente frase: «El trato con los abogados (Arantxa, Jon e Iker) y con Erramun Landa será exquisito en todo momento, desde su detención, traslado y llegada a Madrid».
Grupos de interrogadores
En el dossier policial se informa de la existencia de una reunión entre las comandancias de Intxaurrondo y La Salve, donde se ultiman los preparativos del operativo y se facilitan consignas a los guardias civiles; la mayoría son cuestiones operativas sobre quién se encarga del análisis de la documentación incautada o remarcan el trato diferencial a mantener con los tres letrados y Landa, insistiendo de manera expresa en que su traslado se llevará a cabo en furgón policial y que «en todo momento» el trato que se les dispense será «exquisito».
No obstante, en otro punto del mismo apartado del informe, se señala literalmente que «el tratamiento con los detenidos deberá perseguir el obtener una manifestación que ratifique las imputaciones judiciales que existen».
También se adjuntan cuadros informativos al respecto de las diferencias de trato a ejercer sobre los detenidos. Así, por ejemplo, al usurbildarra Joxe Domingo Aizpurua le interrogaron policías con los alias «Killer», «Gitano» y «Lozano», bajo la coordinación de un código genérico de «KT». Esos mismos agentes fueron quienes le detuvieron y los encargados de su traslado. Igual ocurrió con Nahia Zuriarrain, que fue trasladada a Madrid por los mismos encargados de su interrogatorio: «Roger», «Papito», «Gorka» y «Dani», bajo la coordinación de «ZK».
Según se desprende del estudio del dossier -y coincide con los relatos posteriores realizados por los arrestados-, los tres abogados y Landa fueron conducidos a Madrid en furgón policial y al cuartel de Tres Cantos. El resto -Asier Etxabe, Juan Mari Jauregi, Joxe Domingo Aizpurua, Jose Luis Gallastegi, Nahia Zuriarrain y Saioa Agirre- fueron llevados en coches camuflados a la Jefatura de Información de la Guardia Civil en Madrid.
Mientras que los abogados relataron que su trato fue correcto, el resto de detenidos denunciaron todo tipo de presiones, incluso de índole sexual en el caso de las mujeres, malos tratos y sesiones de tortura con métodos como «la bolsa», entre otros. Las denuncias están ya interpuestas ante juzgados de Donostia y Bilbo.
El CNI, por medio
Según las fuentes jurídicas consultada por GARA, los interrogatorios «policiales» son ilegales, ya que sólo deberían existir las declaraciones que se presupone se realizan en presencia de un instructor y secretario de las diligencias -en este caso serían dos guardias civiles- y un abogado. Algo que, pese a que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, constará así en los informes policiales enviados al juez, pero que este dossier, que se encuentra en poder del juez, contradice.
En el informe policial hallado tras uno de los registros también aparecen varios croquis sobre la distribución del despacho de abogados de Hernani o datos personales de todas las personas que fueron detenidas en el marco del operativo policial.
Además, da cuenta de detalles llamativos como que la Guardia Civil habría recibido ayuda de los servicios especiales de inteligencia para practicar las detenciones. «Una vez se ha producido la detención de David Pla, por parte del CNI nos determinarán la ubicación de Arantxa Zulueta, Jon Enparantza, Iker Sarriegi y Nahia Zuriarrain. (...) Para coordinar la ubicación de estos objetivos con CNI, tanto GK como ZK estarán en contacto con el responsable del CNI en el País Vasco».
David Pla, catalizador del operativo y obsesión de Rubalcaba
En el segundo apartado del dossier, bajo el título «Cronología H-Alboka», el primer punto se denomina «detención de David Pla», lo que explica la insistencia con la que el Ministerio de Interior y los medios españoles repitieron su nombre hasta que fue detenido en Hendaia al día siguiente, 15 de abril, por la Policía francesa. Y explica también la sorpresa con la que fue recibida la decisión francesa de dejarle en libertad días después sin ni siquiera comparecer ante la jueza Le Vert.
Ésta es la secuencia preparada por las FSE para detener a Pla: «Se producirá en las inmediaciones de la oficina del INEM del Antiguo (San Sebastián). Este detenido se trasladará inmediatamente a Madrid». Para su custodia, traslado y posterior interrogatorio -se matiza que «no se realiza registro en España»-, tenía adjudicados a los guardias civiles con los los alias «Lalo», «Portela», «Eco» y «Bespín», bajo la coordinación de «EK». Al igual que Nahia Zuriarrain, tenía adjudicados cinco agentes para ser interrogado; el resto de los detenidos, entre tres y cuatro.
Durante sus comparecencias referentes a este operativo, Alfredo Pérez Rubalcaba se explayó al señalar que estaban «seguros, hiperseguros» de las graves imputaciones que vertían sobre los detenidos, y, en especial, sobre David Pla, a quien insistía en calificar como «uno de los hombres fuertes del aparato político» de ETA.
Por otro lado, llama la atención cómo, a pesar de que en el dossier interno de la Guardia Civil se recoge expresamente y en varias ocasiones que los registros de los despachos de abogados se deben de llevar a cabo en presencia de un letrado designado por el decano del Colegio de Abogados del herrialde -el informe recoge los teléfonos de los colegios y nombra a un agente para realizar la gestión-, éstos se demoraron durante muchas horas por la falta de ese abogado o del inspector judicial.
En cuanto a los registros de los despachos de los letrados detenidos, cabe recordar que desde el movimiento pro amnistía se denunciaron el mismo día «graves irregularidades». Así, indicaron que en el despacho de Nahia Zuriarrain y Arantxa Zulueta, en Bilbo, fueron colocados varios USB en el escritorio de una de ellas. El movimiento pro amnistía aseguró en la nota emitida entonces que el lápiz de memoria no pertenecía a la persona arrestada y que «fueron los agentes de la Guardia Civil los que los depositaron durante el registro».
Desde el 14 de abril, los abogados Jon Enparantza, Arantxa Zulueta e Iker Sarriegi, así como Nahia Zuriarrain y Saioa Agirre, se encuentran encarcelados en el Estado español, mientras que el resto de los detenidos, seis en total, se hallan en libertad, previo pago de una fianza económica y con distintas imputaciones. En cambio, la persona cuya detención se presentó como catalizador del operativo, David Pla, recuperó la libertad sin ninguna medida en su contra. G.M.
