Ningún portavoz del Ministerio del Interior o la Guardia Civil ha corregido su versión oficial sobre el supuesto plan de fuga de Huelva después de que esta tesis se viniera abajo en gran parte al paso por la Audiencia Nacional. Con los mismos documentos presuntamente incautados a ETA en la mano, el juez Fernando Grande-Marlaska ha llegado a conclusiones muy diferentes a las que presentó el Ministerio el sábado, y que explicitó en rueda de prensa su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba.
La nota seguía ayer colgada en la web del Ministerio del Interior, lo que permite a cualquiera constatar las diferencias existentes entre las afirmaciones policiales y las constataciones presentadas por el juez.
En términos cuantitativos, lo que más llama la atención es que la Guardia Civil practicara siete detenciones por estos hechos y la Audiencia Nacional sólo impute ahora a tres de ellos. Dos de los exculpados son presos: Arkaitz Goikoetxea y Jon Igor Solana. Otra persona, Juana Orta, ni siquiera fue llevada ante el juez; está libre sin que ningún portavoz oficial haya explicado la razón del arresto y después de que su nombre, su fotografía y su domicilio fueran difundidos por muchos medios.
Pero la diferencia entre la tesis policial y la judicial afecta sobre todo al aspecto cualitativo. Así, mientras que el Ministerio de Pérez Rubalcaba trató de presentar la redada como un éxito policial al haberse evitado «el plan de fuga que se mantenía activado» y que se iría a materializar este verano, la Audiencia Nacional lo ubica en todo momento en el pasado. No hay datos en el auto judicial que apunten a que fuera a llevarse a cabo este próximo verano, como dejaron caer las FSE y reprodujeron los medios.
Del auto judicial se desprende que la fuga sería en todo caso una idea sin materialización concreta a la vista. Tras exculparse a cuatro de los siete detenidos y reducirse la acusación a dos de los encarcelados a la mera condición de presuntos «correos» del supuesto plan, el juez no ha hallado estructura alguna que lo soporte. Tampoco sabe quién sería la segunda persona que se iría a fugar. Y no hay datos sobre el resto de extremos del operativo: el helicóptero a robar, los vehículos que se usa- rían después, el destino posterior de los huidos...
Pero la operación policial sí que ha servido para llevar a prisión a un abogado habitual de presos políticos vascos, Iñaki Goioaga. El auto judicial lleva a concluir que no ha sido encarcelado por pruebas relacionadas con esta supuesta fuga, aunque se afirma que pudo trasladar algún mensaje, sino por otros dos elementos hallados presuntamente en el registro y que el juez considera que pueden relacionarle con ETA.
En la práctica, el encarcelamiento de Goioaga es el único efecto real de esta redada, dado que otro de los apresados por el caso ya está entre rejas por otras causas (Gorka García Sertutxa) y a la tercera enviada a prisión, Ana Paz, se le ha impuesto una fianza de 60.000 euros.
En este último caso, la acusación judicial queda también lejos de la policial. Marlaska entiende que Paz sacó de prisión un mensaje de García Sertutxa, pero lo presenta como «un auxilio esporádico, no reiterado en el tiempo, sin perjuicio de su gravedad y de que no cabe alegar desconocimiento».
