Segun estos datos el turismo en guipuzkoa y mas concretamente en San sebastian ha decrecido durante los ultimos 6 meses, no voy a entrar a valorar estos datos, porke sinceramente no es algo ke me kite el sueño el saber ke factores han influido en esa bajada.

Lo ke si me ha llamado la atencion es haber escuchado en algunas emisoras radiofonicas, a determinados politicos socialistas decir, ke buena culpa del descenso del turismo lo tiene bildu, sencillamente porke el dia de la tamborrada estaba todo lleno de pancartas alusivas a los presos de la organizacion armada ETA , lo curioso de todo esto es ke ese estudio se realizo antes de la tamborrada y por tanto antes de ke se pondrian esas pancartas. Al parecer ese dato se les ha escapado a esos politicos.

El método empleado ha sido el DdoS, o ataque de denegación de servicio, que consiste en saturar las páginas webs con demasiadas visitas simultáneas. Los sitios del Departamento de Justicia, de la Oficina federal de Copyright o la Jefatura de Policía de Utah (cuyo logo fue sustituido por el de Megaupload) han permanecido fuera de servicio durante gran parte de la noche de ayer sin que sus responsables pudieran hacer nada por evitarlo. Ni siquiera la página del FBI, al que se le suponen unas excepcionales medidas de seguridad, ha sido capaz de resistir a los envites, al tiempo que corre el rumor de que cientos de contraseñas de la Agencia Federal podrían haber sido sustraidas. En el panorama nacional las consecuencias las sufrió la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que al tratar de acceder mostraba un error "504 Gateway timeout".

Cuando José María Aznar y Felipe González nos dictan al común de los ciudadanos una lección de indecoro e insolidaridad, cuando nos enteramos que María Dolores de Cospedal gana al año 241.000 € con el cobro de tres sueldos públicos y la Pajin otro tanto por el estilo, cuando sabemos que el presidente de la Diputación de Castellón no tiene mas remedio que declarar un patrimonio de 3,9 millones de euros cuando hace cinco años NO declaraba ninguno, nos enteramos que, de manera totalmente accidental, se ha sabido que hace siete años, Julio Anguita renunció por escrito a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenía derecho como ex parlamentario, argumentando que “con la pensión que le correspondía como maestro tenía bastante”.

La noche del 11 de julio en Iruñea, en plenos Sanfermines, resultó muy tensa. La euforia desatada en ciertos sectores por la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial se tradujo en una serie de incidentes por toda la ciudad. En uno de ellos fue agredido un menor de edad. Ocurrió junto al bar Sol, situado justo enfrente de la Comandancia de la Guardia Civil de Iruñea. Ahora dos personas han sido condenadas por la paliza. Una de ellas es un agente de la Policía española, y la otra, Koldo García Izaguirre, recientemente elegido concejal en Uharte por el PSN. El sábado, por tanto, tomará posesión de su cargo salvo que el partido lo releve. La izquierda abertzale ya lo exigió antes de esta sentencia.

El juicio se realizó el martes día 31, y en él comparecieron hasta diez testigos de la acusación, aunque a la jueza le bastó con el testimonio de dos. La sentencia conocida ayer declara probada la agresión, aunque la condena se limita a multas de 60 días con una cuota diaria de 15 euros como «criminalmente responsables de una falta de lesiones», así como a indemnizar al menor con 90 euros «por las lesiones sufridas».

El fallo pone el acento en que el testimonio del joven ha sido «persistente» y «coherente», al contrario que el de la defensa. Sobre ésta dice que «ha pretendido sostener en todo momento que el menor mantuvo una actitud de provocación: que acudió al bar sabiendo que suele estar frecuentado por diversos cuerpos policiales; que lo hizo con una camiseta alusiva a la independencia del País Vasco la noche en que muchos ciudadanos vestían la camiseta de fútbol española debido a la victoria de la selección; que utilizó su condición de menor para poder cometer actos ilícitos a sabiendas de sus escasas consecuencias penales; etcétera».

Actuación «abusiva»

La jueza desestima esta última versión subrayando que «aún cuando fuesen ciertas las alegaciones de los denunciados de que el menor comenzó a gritar `Gora ETA' y a llamar `facha' al agente, consideró que por su profesión tienen recursos más que suficientes para poner fin a un incidente como el narrado de forma diferente a la que tuvo lugar esta noche, máxime si tenemos en cuenta además que es menor de edad y estaba únicamente en compañía de su novia, que en ese momento estaba en los aseos».

También apunta la juez que el incidente se hubiera podido resolver avisando a la Guardia Civil, «que estaba en la acera de enfrente».

Tras ello, se concluye que las lesiones son imputables a los dos acusados y que además «actuaron de manera abusiva frente a un menor de edad, que estaba solo en el lugar, que es física- mente inferior sobre todo respecto al acusado señor García, que el otro acusado ostenta la condición de policía nacional y podía haber puesto fin al incidente de otro modo...»

Por cierto, el joven fue detenido tras la paliza bajo una acusación de «enaltecimiento del terrorismo». La sentencia recuer- da que se abrió un procedimiento ante el Juzgado de Menores que ha sido archivado.

Vergé explicó que, debido a la situación económica, Eurocopter España está negociando con Defensa una adenda «en la que se indique que van a ser 38 unidades en firme y 7 opcionales a partir de 2015». En ningún caso este contratiempo supondrá una disminución del importe total del contrato, estipulado en 1.260 millones de euros, «sino que esa disminución de unidades se compensará con equipamiento, mantenimiento del ciclo de vida del helicóptero, etc.», aclaró Vergé.

En principio el Ministerio tenía previsto adquirir 104 unidades hasta el 2025, opción desechada. Otro dato revelador del estado del contrato del NH90, enmarcado en el Programa Especial de Armamento por el cual Defensa tiene comprometidos 26.000 millones hasta 2025 en sus 19 proyectos

En la cadena de montaje de la factoría de Albacete —inaugurada en 2007 y donde trabajan 360 empleados— se encuentran ahora las unidades tres, cuatro y cinco del NH90, helicóptero que el Ministerio de Defensa eligió para unificar la flota de las Fuerzas Armadas, adaptando sus versiones a los dos Ejércitos y la Armada: transporte táctico y militar para Tierra; lucha antisubmarina, antipiratería y transporte táctico anfibio para infantes de Marina; y misión de rescate y combate para Aire.

La planta de Albacete es una de las dos únicas de fabricación del fuselaje delantero de este helicóptero, del cual hay una cartera de pedidos de 529 unidades. Además se encarga del ciclo completo de fabricación de los aparatos españoles a partir del tercero. Los dos primeros fueron construidos en la planta francesa de Marignane.

La actitud de Limia fue denunciada por sus compañeros ante sus superiores y la dirección de la Academia le abrió un expediente disciplinario que concluyó con su expulsión al ver el Ministerio de Defensa que había cometido una falta grave al atentar contra la dignidad de la Guardia Civil. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que adelanta Diario Jaén, el aspirante a guardia civil pronunció frases como «que su nacionalidad era la gallega porque Galicia es una nacionalidad y lo contempla la Constitución» y que «no daría la vida por España pero que sí lo haría por un ciudadano». Asimismo, mostró «total indiferencia» hacia el acto de Jura de Bandera y aseguró «que no entendía porque tenía que jurar bandera si es más gallego que español» y «que no tenía intención» de hacerlo porque era algo que «no entendía». Liria también expresó que la Guardia Civil tenía actitudes «anticuadas» y manifestó su intención de abandonar el cuerpo en el momento en que aprobara el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. También expresó su deseo de pertenecer a la Policía Autonómica de Galicia cuando ésta se creara.

«Mierda de patria»

En la sentencia del Alto Tribunal también se recoge que en un ensayo con música militar para un desfile, Limia se dirigió a un compañero que se encontraba en formación detrás de él y le advirtió: «Ten cuidado, no te emociones con las canciones de tu mierda de patria». El Supremo considera probado que el alumno mantuvo conductas «rebeldes» y recoge que, según denunció una de sus compañeras, tenía intención de hacer «lo contrario de lo que le pidieran» y «lo que le daba la gana».

El Tribunal ha rechazado así el recurso presentado por el alumno, en el que, entre otros motivos, consideraba que no se había respetado el principio de presunción de inocencia y que la sanción era desproporcionada. Al respecto de esta última, Limia defendió que su presunta conducta debería de haber sido sancionada únicamente con una suspensión durante cinco días.

El 57,4% de los españoles entrevistados en la primera semana de noviembre da ‘poca o ninguna’ credibilidad al comunicado de ETA, mientras que no llega al 7% los que ven ‘muy probable’ que la banda haya decidido poner fin definitivo al terrorismo. Sobre las causas que han motivado que los etarras hayan decidido el ‘cese definitivo de la violencia’, casi la mitad de los españoles lo achacan a la acción policial (25,8%) y judicial (18,1%), mientras que sólo un 7% lo atribuye a ‘la presión de la izquierda abertzale’.

Un 31,3% da al PSOE la preponderancia como partido que más ha hecho por llegar a este comunicado, mientras que un 12,5% le atribuye el mérito al PP. Destaca que un 23,4% cree que ningún partido político tiene que colgarse las medallas porque no han influido. En cuanto a los siguientes pasos, la opinión pública española está muy dividida. Un 46,3% cree que los Gobiernos de España y Francia no deben negociar sobre los presos aunque se confirme que la banda ha dejado definitivamente el terrorismo, mientras que un 42,8% sí cree que deben hacerlo.

En cuanto a las medidas a tomar, siempre y cuando se confirme fin de ETA, las opiniones son más claras. Un 60 por ciento es ‘poco o nada’ favorable al acercamiento de presos al País Vasco; un 65,8% ni siquiera es partidario de conceder al colectivo beneficios penitenciarios similares al del resto de presos; un 70,5% se opone a que se concedan indultos individuales a presos sin delitos de sangre y nada menos que un 92,1% rechaza que se concedan indultos a los implicados en asesinatos. El rechazo a una amnistía general es similar y se sitúa en el 90,8%.

Incluso en el reducido porcentaje de quienes creen que se puede negociar su situación, casi la mitad de ellos exige que antes pidan públicamente perdón. Y por supuesto, el 90,6% de los entrevistados piensa que, aunque sea cierta la determinación de ETA de abandonar el terrorismo, la Policía y los jueces deben seguir deteniendo y juzgando a los miembros de la banda.

El elenco pergaminense se sumó así al pedido que gran parte de la comunidad internacional le exige a España y Francia para darle una solución al conflicto en el País Vasco. Los “Fogoneros” son los primeros de Argentina en apoyar esta causa y se agregan a deportistas de distintos países y de diferentes disciplinas que también se pronunciaron a favor de resolver la legendaria cuestión de la independencia de Euskal Herria.

Luego de la histórica declaración de la organización clandestina ETA en días pasados, que anunció el cese definitivo de su actividad armada e hizo un llamamiento a los gobiernos español y francés para “abrir un proceso de diálogo directo”, la presión en pos de una solución pacifista llegó desde diversos sectores, incluyendo a medios internacionales como el “Financial Times” y a políticos de la talla de Tony Blair, que solicitó a los ejecutivos de París y Madrid “generosidad” para ofrecer una “salida” a ETA.

“Por los derechos de l@s pres@s polític@s vasc@s” pedía el pasacalle, punto fundamental a resolver incluido en la Declaración de San Sebastián, que fue realizada por representantes de la comunidad internacional y que cobró mayor impulso tras la decisión de ETA de abandonar la lucha armada. Ahora resta que los gobiernos de España y Francia se apresten al diálogo y se comience a trabajar en la situación de los presos políticos, paso imprescindible en el camino de la resolución del conflicto político que vive el Pueblo Vasco.

Domínguez gobernaba el municipio de Valverde antes de las elecciones de mayo. Tras los comicios, el PP se hizo con la mayoría absoluta por primera vez en la historia de la democracia. El ex alcalde pasó entonces a ocupar un cargo en la Junta de Andalucía –algo habitual dentro del PSOE andaluz–, como delegado en Huelva de Obras Públicas. La noticia salta ahora, pero se refiere a su anterior etapa. La secuencia de hechos fue llamativa. Por la mañana aseguró que tenía la conciencia «muy tranquila» y que no pensaba dimitir. Luego cambió de opinión y emitió un comunicado en el que anunció que dejaba la política tras una decisión «personal y con el fin de poder defenderme sin poner en riesgo la imagen de mi partido ni la de la Junta de Andalucía».
El alto cargo señaló que se trata de «una información falsa, que atenta contra mi honor personal y por la que voy a iniciar acciones legales contra los que me acusan falsamente».

Antes, el portavoz del PSOE-A y secretario provincial del PSOE de Huelva, Mario Jiménez –persona de confianza de José Antonio Griñán–, defendió que «ni un solo céntimo de los recursos del Ayuntamiento de Valverde se ha gastado indebidamente». La excusa reside en que luego devolvió el dinero. 

Ésa es la defensa que esgrime Domínguez. De hecho, entregó una certificación del interventor municipal del consistorio que desglosa los gastos derivados de la tarjeta Visa Platinum durante su mandato, pero no aparecen los del club de alterne.

3.685 euros en 7 servicios
Pese a que él lo niega, las operaciones de la tarjeta Visa Platinum, de uso exclusivo del alcalde, desvelan gastos por 3.685 en un burdel de la localidad sevillana de Camas. Constan siete apuntes con cargo al erario público en una misma jornada. Posteriormente, el regidor reintegró el dinero a las arcas del Ayuntamiento onubense en varios plazos.

No es ke una sentencia como esta me sorprenda ya ke ha sido la tonica habitual, pero eske esta parece ya de risa.

Hay cosas ke no hay por donde cogerlas, en primer lugar y lo ke mas me ha llamado la atencion ha sido por parte del tribunal, decir ke los testigos ke habia en el caso no eran validos porke eran proximos a eta, desconozco en ke se basa el tribunal para hacer esas afirmaciones, pero lo mas curioso es ke cuando se hicieron la detenciones mientras los dos detenidos estaban incomunicados, un testigo vecino de la zona se presento en una comisaria diciendo ke era testigo de lo sucedido y lo ke relato es exactamente lo mismo ke dijeron tanto como el detenido ke estaba en el hospital, como el detenido ke estaba en madrid, curioso ke sin tener contacto ninguno de los tres dieran la misma version de torturas y de sitios donde habian sido conducidos.

Otro detalle referido a testigos podria decirse es el caso de los peritos, los cuales tambien dijeron ke las lesiones ke sufrian los detenidos de ninguna manera correspondian a lo descrito por los guardias civiles, y creo yo ke esos funcionarios a sueldo del estado esten mintiendo, pero logicamente, no interesa esa version, asi ke simplemente se les ignora y punto.

Otra cosa ke llama la atencion es cuando la sentencia dice, ke las lesiones mas graves se produjeron despues de la detencion, joder, pues mas a mi favor, ya ke una vez detenidos y esposados dudo mucho ke un preso bajo permanente vigilancia pueda francturarse unos huesos y perforarse un pulmon.

Desde luego una cosa kedo clara en el juicio ke se dio en guipuzkoa, y fue ke los detenidos habian sido efectivamente torturados, pero faltaba un detalle para el castigo y es ke de todos los guardias civiles ke participaron en el dispositivo no se sabia kienes de ellos habian sido los responsables de las torturas, es el unico pero ke se puede decir, el ke no se puede condenar a nadie sin estar seguro, pero lo ke si se sabia seguro es ke habian sido torturados.

Ya para acabar decir, ke aki sigue mirando para su ombligo y por este camino mal vamos.

Si un miembro de eta es detenido pasara por el juez y sera condenado por los delitos ke haya cometido

Y si un guardia civil como en este caso realiza torturas ha de ser igualmente condenado.

La justicia ha de ser igual para todos, el llevar uniforme no da permiso de infringir la ley por mucho asco ke millones de españoles le tengan a ETA no da derecho a infringir la ley, o la cumplimos todos o ke no la cumpla nadie.