MARINALEDA
Es Sevilla, es España, aunque nada más entrar en el pueblo nos domine la sensación de encontrarnos en otro país, sin poder precisar cuál, pero en otro país. En El Humoso, el cortijo donde trabajan desde primera hora la mayoría de los habitantes del pueblo, están Joaquín, que tiene 47 años, y su hermano José, pastor de las 700 ovejas que componen la cabaña. “Ahora están guardadas porque hay mucho rocío y la hierba está mal”, dice Joaquín. Antes de la cooperativa trabajaba en lo que salía, en el algodón, en la remolacha, “en un cortijo de una sociedad, que era de siete dueños, de militares de la marina. Ahora vivimos mejor, ni comparación; antes trabajaba de sol a sol y ahora tengo mi jornada y tengo un sueldo que me da para vivir. De aquí no voy a emigrar; mejor que aquí no voy a estar en ningún sitio”.
Estamos en un enorme campo de cultivo de 100 hectáreas dedicado a la alcachofa. Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, nos explica: “Esto es sólo una parte de las 1.200 hectáreas que le hemos troceado al duque del Infantado; el resto está para olivos, pimientos, espárragos, guisantes y todo lo que hace falta. El duque tenía 17.000 hectáreas sembradas de trigo y de girasol, con sólo tres personas empleadas; ahora hay 400 personas trabajando. Eso demuestra que la reforma agraria tiene sentido: no es lo mismo pro- ducir para enriquecer el bolsillo de uno que producir para dar empleo a muchos. En Marinaleda hemos pasado del pleno paro al pleno empleo. Nosotros tenemos el derecho de uso de esta tierra”. Dentro de cinco meses se cumplirá el plazo de doce años establecido en el escrito de cesión de uso, un plazo que los trabajadores de Marinaleda quieren que se amplíe hasta 50 años y por el que la Junta de Andalucía les reclama la deuda en concepto de canon. “Nosotros –dice Sánchez Gordillo– no firmamos jamás un canon de arriendo porque nunca hemos estado de acuerdo con él; nos lo dicen ahora, cuando vamos a negociar la prolongación del uso. Nosotros hemos invertido aquí en siete años 10,5 millones de euros (1.750 millones de pesetas). Es la Junta de Andalucía la que nos debe dinero a nosotros. En vez de reclamar, lo que deberían hacer es ayudarnos, como hacen con las multinacionales, a las que les dan dinero por crear puestos de trabajo”. De momento, están en negociaciones con la Junta de Andalucía para encontrar una solución. “Yo espero –continúa el alcalde– que el asunto se solucione porque no pensamos pagar ni una peseta; a nosotros nos tienen que sacar de aquí con los pies por delante. Este de Marinaleda es un proyecto social único en Europa, no hay ningún otro parecido. En vez de pedirnos dinero deberían sacarnos en el libro de los récords”.
No quieren ser propietarios de tierras ni arrendatarios, sólo vivir de ella, usarla, porque dicen que “la tierra no es de nadie, la tierra es la alacena de la alimentación humana y no puede estar sin producir alimentos para el hombre”. La sensación es de que están dispuestos a defender con uñas y dientes lo que han conseguido tras años –desde 1993– de ocupaciones, detenciones, procesos judiciales y visitas a la cárcel: la explotación de la tierra y la transformación y comercialización de productos mediante un molino de aceite y una factoría de conservas. Y, sobre todo, unas singulares condiciones de trabajo: seis horas y media de jornada laboral y un sueldo de 1.125 euros mensuales. Para todos, desde el peón hasta el gerente y, por supuesto, para quienes trabajan en el ayuntamiento, incluido el alcalde, que no cobra por el cargo sino por su trabajo como profesor de EGB en el instituto del pueblo. Hombres y mujeres, padres e hijos trabajan todos los días codo con codo. María Pilar, de 37 años, con una hija de 20, cuenta que “antes de que existiera la cooperativa se trabajaba no más de dos o tres meses al año, y apenas podías subsistir. Ahora tenemos para comer, para vestir, para vivir con decencia y dignidad”.
José Martín Fernández, casado y con dos hijos, es el gerente de El Humoso: “Yo antes era podador de olivos, y tenía la suerte de trabajar casi todo el año, aunque tenía que andar de aquí para allá, donde te avisaban, lo mismo de Jaén que de Córdoba. Ahora vivo mejor que antes, porque es un trabajo fijo y estás en tu pueblo sin tener que andar por ahí. Esto de ‘El Humoso’ es una historia muy bonita. Ha costado muchos sinsabores y mucha lucha; yo he estado desde el principio, entré en el sindicato cuando tenía 30 años y ya no me he perdido ninguna de las luchas, que han sido unas pocas. Ha sido duro, pero lo hemos conseguido”. Mohamed Soufí es marroquí, tiene 34 años y habla un castellano fluido; lleva en Marinaleda cinco años y es el casero de El Humoso. “Aquí –dice– siempre me han tratado como un trabajador, no miran si eres inmigrante o no, todos somos iguales. En Marruecos estuve dos años en paro; solicité el visado, pero no me lo dieron, y me vine para acá, en plan ilegal, como todo el mundo, y el ayuntamiento me arregló los papeles en cinco meses. Veo difícil volver a Marruecos. Mi hijo es español ya, lo veo difícil. Yo no creo en lo de la patria ni en esas cosas. Donde hay pan y trabajo, ésa es mi patria”. En las instalaciones del molino de aceite, el alcalde explica a un grupo de visitantes del pueblo gaditano de Espera que “en El Humoso tenemos 350 hectáreas de olivar, y en este molino se separa la oliva y se procede al lavado, prensado y envasado del aceite virgen extra; las instalaciones del molino han costado 902.000 euros”. Y Sánchez Gordillo continúa: “En Marinaleda ya no necesitamos ir detrás de los terratenientes para conseguir la comida, la hemos generado nosotros. Hemos acabado con la emigración. Hemos acabado con la explotación de la plusvalía, porque lo que nos sobra lo invertimos en nosotros mismos. Antes se vivía con las 20.000 pesetas del subsidio y ahora se vive con el sueldo del trabajo, que da para vivir con dignidad. Por lo tanto, hemos mejorado el nivel de vida de todos”.
En la factoría conservera las alcachofas, los pimientos del piquillo, guisantes, espárragos, habas y pimientos morrones están apilados, envasados ya y listos para los distintos envíos. Mujeres y hombres cumplen su jornada igual por igual sueldo, desde los manipuladores hasta los encargados. Son los mismos que habitan las 350 casas –colores crema y albero– similares a la que visitamos en la Barriada de la Paz, de 100 metros cuadrados en dos plantas, con puerta de calle y otra trasera para el huerto o el garaje. “Estas casas –nos explica el alcalde, que vive en una de ellas– se han construido de la siguiente manera. El ayuntamiento cede gratuitamente el suelo al autoconstructor y le proporciona los materiales y los servicios del arquitecto municipal; la persona que va a vivir en ella pone su trabajo, la construye él, pero con la ayuda de los vecinos; se hacen reuniones de autoconstructores y se va planificando el trabajo. Cuando se termina la casa, se hace una asamblea y ellos, los autoconstructores, deciden lo que van a pagar al mes, un dinero que le hace propietario de su vivienda. Esa cantidad mensual no se puede cambiar mientras que la asamblea de los que viven en las casas no lo decidan. Ahora se pagan 15 euros mensuales. La casa no se puede vender nunca; si un vecino la deja, pasa a otro vecino que la necesite y que pagaría la misma cantidad”.
¿Quién es este personaje que lidera una forma de entender la sociedad en abierta confrontación con la que emana de los poderes gobernantes? Alcalde de Marinaleda desde 1979, fue el edil más joven de España, reelegido consecutivamente. hasta hoy, como líder del Colectivo de Unidad de Trabajadores (CUT) y del Sindicato Obrero del Campo (SOC). Nacido en Marinaleda, hijo de un electricista de Sevillana de Electricidad, estudió Magisterio y después Historia con una beca; casado, su mujer trabaja en el campo y tiene dos hijos. Sabemos de él desde hace muchos años y que corría el riesgo de convertirse en un mesías redentor de los pobres, pero él dice que “lo ha evitado viviendo con la gente y teniendo siempre los pies en el suelo”. Cuando ganaron la alcaldía, el presupuesto era de cinco millones de pesetas y ahora es de 400 millones. Había sólo un colegio, ahora hay dos; no había guardería infantil, ahora sí, y por cada niño se cobra 12 euros mensuales, comida incluida. Un pueblo singular donde no hay policía: “Teníamos un municipal que llevaba una pistola y se la quitamos para que no se equivocara; después se retiró y se acabó. Aquí el ayuntamiento nunca pone multas porque no hay necesidad”, concluye el alcalde.
