Supongo que forma parte de la dialéctica política
todo este embrollo de dimes y diretes. Pero el hecho es que lo que
está ocurriendo debería estar meridianamente claro
para todos, como igualmente claro es que al final al sufrido ciudadano
se le acaba mareando con tanta pelea, y se le aleja de ese primer
hecho definitorio.

La ilegalización de Batasuna y de toda organización
política relacionada con ella fue una decisión política
del Partido Popular y del PSOE en el marco de la lucha contra ETA.
La idea era clara: neutralizar la actividad política del
MLNV. Dicho de otro modo, impedir que el MLNV, que tradicionalmente
se ha presentado como una organización político-militar,
pudiera desarrollar su actividad política mientras mantuviera
su actividad militar. La idea, planteada así, puede parecer
coherente. El problema es que, en términos jurídicos,
la supuesta ligazón entre Batasuna y ETA jamás ha
podido ser probada ante un juez como un estado democrático
exige que sea probada para llevar a cabo actuaciones limitadoras
de derechos, como puede ser la ilegalización de un partido.
De haber existido la posibilidad de probar fehacientemente esa ligazón
ante un juez, jamás habría sido necesaria la redacción
de una nueva Ley de Partidos.

Por tanto, una vez tomada la decisión por parte de los partidos
españoles, se vieron en la necesidad de promulgar una nueva
ley que, sencillamente, evitara ese incómodo trámite:
probar la relación. Y así lo hicieron. De paso, aprovecharon
el viaje para cambiar las condiciones necesarias para promover la
ilegalización de un partido, de tal modo que ese proceso
sóla y únicamente se puede llevar a cabo, hoy, si
el PSOE y el PP se ponen de acuerdo para ello. Los demás,
no cuentan.

Sin embargo, llevar a la práctica la nueva Ley de Partidos,
que para conseguir los fines propuestos tenía que ser, forzosamente,
una ley tramposa y anticonstitucional, ha generado un sinfín
de problemas que sólo han podido ser solventados con la connivencia
de prácticamente todas las instituciones del estado en el
juego sucio. El fin ha justificado los medios y, con ello, la democracia
ha saltado por la ventana.

Así, si ya no hacía falta presentar pruebas fehacientes
de la relación de Batasuna con ETA, ¿qué determinaría
la decisión judicial en favor de la ilegalización?
Primer esperpento: la “convicción moral” del
alcalde de Gasteiz, señor Alonso. Esta fue, en última
instancia, la prueba de cargo que hizo posible que el Tribunal Supremo
ilegalizara a Batasuna. ¿En qué democracia ha servido
alguna vez la convicción moral de un individuo como prueba
para condenar a nadie? En ninguna, porque eso rompe el estado de
derecho. Es de una arbitrariedad absoluta, que es, precisamente,
lo que se supone que quieren evitar las garantías procesales,
como ese incómodo requisito de probar las acusaciones.

Esta situación daba lugar a un segundo esperpento: la convicción
moral del señor alcalde podía servir para que el TS,
aberración jurídica mediante, ilegalizara al partido
político, pero no podía servir para acusar de ningún
delito concreto a los responsables de dicho partido, ya que no se
había probado ningún hecho delictivo relacionado con
las personas en cuestión. Y esto daba lugar a un desternillante
imposible metafísico: que un partido político delinca
sin que las personas que lo dirigen delincan también.

Se conoce que Batasuna, en algún momento del pasado, había
cobrado vida propia y se había liberado de las ataduras con
que sus dirigentes la habían atado a la cruda realidad material:
Batasuna, el partido, había alcanzado algún tipo de
acuerdo y relación con ETA a espaldas de sus dirigentes.

Y esta nueva situación daba lugar al tercer esperpento. Al
no haber sido incursos en ningún proceso penal, ni haber
sido, por tanto, condenados en firme por ningún delito, y
menos por el de tener una relación con ETA, los dirigentes
de Batasuna estaban en libertad y con plena vigencia de todos sus
derechos civiles y políticos. Por tanto, con la Ley en la
mano, ante una convocatoria electoral pueden ser elegibles y elegir.
Sin embargo, la mera presencia de uno de ellos –de cualquier
persona relacionada con Batasuna- en una lista electoral sirvió,
y sirve, en aplicación de la tramposa Ley de Partidos, para
ilegalizar toda la lista. A pesar de que en ella no haya ni una
sola persona que tenga sus derechos limitados.

El cuarto esperpento ya ha sido citado: la condición que
se exige para que nada de esto ocurra, para que Batasuna deje de
estar ilegalizado, es que “condene” la violencia de
ETA. Sin embargo, esta exigencia no está contemplada en la
tramposa Ley de Partidos. ¿Entonces?

La conclusión a toda esta exposición nos devuelve
al principio del artículo: los dos partidos que se han apropiado
del estado español, PP y PSOE, tomaron en su día la
decisión política de impedir que el MLNV pudiera actuar
al mismo tiempo política y militarmente. Y llevarán
su decisión hasta las últimas consecuencias.

Si en su día consiguieron que todas las instituciones del
estado se plegaran a su decisión en nombre de la lucha contra
el terrorismo, desde el Parlamento al Consejo de Estado, y desde
el Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional, permitiendo que
salieran adelante una Ley de Partidos y un proceso de ilegalización
que avergonzarían al mismísimo Robespierre, es evidente
que no van a parar en mientes ahora. Y menos aún cuando saben
que la inmensa mayoría de los españoles están
de acuerdo con esta manipulación, dada la bondad del objetivo
último que se persigue.

Por tanto, da igual que Batasuna haga lo que le dé la gana
con nuevos partidos o agrupaciones electorales, que denuncie, organice
manifestaciones o ruedas de prensa, o que la kale borroka sea activada
de nuevo. Da igual. Si el PSOE y el PP tienen que saltarse de nuevo
la legalidad para sacar adelante sus objetivos, lo harán.
Si en el pasado se activaron fenómenos como el Batallón
Vasco Español o el GAL, con su GAL-verde y su GAL-azul, ¿cómo
se van a achantar ahora ante una iniciativa que ni siquiera exige
matar a nadie?

Estamos en medio de una pinza formada por una ETA que, perdida en
los mundos de la revolución perpetua, se niega a abandonar
la violencia como herramienta de chantaje político, y un
estado español que, de la mano de dos partidos políticos,
se ha acostumbrado a ciscarse en la legalidad democrática
no sólo para luchar contra la violencia etarra, sino también
para acabar con cualquier realidad social que pueda suponer, siquiera
remotamente, un peligro para su uniformidad política, cultural
o territorial, amparada bajo el paraguas de la lucha antiterrorista.

¿Cuál es el origen de tanta barbaridad por ambas partes?
La existencia de una identidad nacional vasca que no quiere dejarse
a su libre albedrío, ni por unos ni por otros.

¿La solución? La opción por
la libertad.