durante la instrucción de su verdadero sumario. Ahora está en prisión por este caso, pero sin que se le compute el período que permaneció en la cárcel arbitrariamente.

«Venganza política», «abuso de poder» o «arrogancia» fueron algunas de las palabras utilizadas para denunciar el caso de Saroia Galarraga, recientemente ingresada en prisión para cumplir veinte meses de una pena de cinco años, sólo dos de ellos de obligado cumplimiento. Tras indicar que se trata de un «caso especial», la abogada Yolanda Molina pasó a relatar lo sucedido con la joven natural de Senpere, quien fue detenida en Burdeos en setiembre de 2002 y acusada de «asociación de malhechores» por su presunta relación con ETA.

Una vez de ser encarcelada, la prórroga de esta situación debía
examinarse cada cuatro meses. En la primera ocasión, en enero de 2003, la abogada de Galarraga no fue convocada a la vista, por lo que el juez de libertad y detención no tuvo más remedio que dejarla en libertad, algo que no gustó a la magistrada Laurence Le Vert. En palabras de Yolanda Molina, para evitar la salida de prisión, esta juez de instrucción «inventó de forma artificial» otro sumario en el que incriminó a Galarraga. A su juicio, era un intento de salvar el «descuido» por el que habían dejado libre a la joven.

El juez de libertad y detención desestimó la petición para el
encarcelamiento y dio la razón a la defensa, que argumentaba que era una acusación totalmente artificial. Sin embargo, el fiscal recurrió y la Sala de Instrucción, compuesta por tres magistrados, sí ordenó el ingreso en prisión de Galarraga por este segundo sumario.

Desde su encarcelamiento en febrero de 2003 hasta el juicio en julio de 2004, la acusada permaneció 17 meses en prisión víctima de una arbitrariedad absoluta, como quedaría acreditado con su absolución.