Repsol

Vista
la intensidad de la respuesta diplomática del gobierno español ante el
boliviano tras cada uno de los contenciosos que la empresa
transnacional Repsol-YPF viene manteniendo con la justicia de aquel
país, a uno rápidamente le asalta una duda básica: ¿es Repsol-YPF una
empresa española?

En primer lugar, que los intereses de una empresa
privada en la que no posee ningún tipo de participación.
Y, en segundo
lugar, el gobierno español encontraría una mejor justificación para su defensa
de los intereses de Repsol-YPF si esta compañía transnacional fuera de capital
mayoritariamente español.

Porque lo primero que alguien tendría que haberle comunicado al presidente del gobierno español es que Repsol-YPF es una empresa de capital mayoritariamente extranjero
y que, por lo tanto, cuando estaba enviando sucesivamente a Bolivia a
su ministro de Asuntos Exteriores, al secretario de Estado de dicho
Ministerio o a la propia Vicepresidenta Primera lo estaba haciendo en
defensa de los intereses de unos accionistas que ni siquiera iban a
poder votarle y que, en en su mayoría, tampoco pagan sus impuestos en
España.

¿De quién es Repsol-YPF?

Así, según la información proporcionada por la propia compañía, la composición de su accionariado a junio de 2006 era la siguiente.

Ese grupo de inversores estables está integrado, en primer lugar, por el grupo financiero La Caixa que posee un 9,1% del capital social de la empresa. Le sigue Repinves,
una sociedad de gestión de cartera de valores mobiliarios del sector
energético, de telecomunicaciones y de infraestructura viaria, que es
participada, a su vez, por La Caixa y que posee el 5,02% del capital de Repsol-YPF.

Hasta
aquí, el conjunto del accionariado estable que podríamos identificar,
con matices, como español y que, como fácilmente puede constatarse,
suman apenas el 14% del capital de la empresa.

Junto a los dos anteriores se encuentra Pemex Repcon Lux,
una empresa filial con sede en Luxemburgo de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), el grupo estatal petrolero de ese país,que posee el 4,8%
de Repsol-YPF.
Al margen de ese grupo de inversores estables, la
mayor parte del capital social de Repsol-YPF (un 81,07%) está sometido
a libre cotización en los mercados de valores –cotiza en los de Madrid,
Nueva York y Buenos Aires- y es aquí donde nos encontramos con algunos
datos que no estaría de más que el gobierno español tomara en cuenta a
la hora de decidir su política exterior en este tema.

Así, por
un lado, hay que destacar que, de ese 81%, tan sólo el 29,87% se supone
que es de titularidad española. De ese porcentaje, el 14,36% se
encontraría en posesión de los inversores minoristas, es decir, de
pequeños inversores nacionales; mientras que el 15,5% restante estaría
en manos de inversores institucionales. Estos últimos son empresas
dedicadas a la compra y venta de activos financieros con fines
especulativos y que, como puede suponerse, su único objetivo es obtener
la máxima rentabilidad de sus inversiones con independencia de cuáles
sean los métodos que las empresas en las que invierten utilicen para
lograr los máximos beneficios.

Y, por otro lado, el 51,2% del
capital social de Repsol es propiedad de inversores extranjeros. La
titularidad de ese capital se divide en un 17,33% que es propiedad de
inversores estadounidenses, entre los que destacan las participaciones
de tres grandes corporaciones financieras (Chase Nominee Ltd., Capital
Group International Inc. y State Street Bank and Trust) que, en su
conjunto, según el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la compañía
para el año 2005, llegaron a poseer ese año un poco más del 21% del
capital social de Repsol-YPF. Y el 33,88% del capital restante estaría
en manos de titulares del resto del mundo sin identificar.

Las conclusiones de Perogrullo

No
hay que ser un experto economista para extraer varias conclusiones más
que evidentes de los datos que la empresa transnacional pone a
disposición de quien se quiera molestar en leerlos y analizarlos.
En
primer lugar, y sólo teniendo en cuenta el capital de libre flotación
de la empresa, ya nos encontramos con que más del 50% del mismo está en
manos de inversores extranjeros. O lo que es igual, que a pesar de que
su casa matriz esté ubicada en España, la empresa es de capital
mayoritariamente extranjero.

En tercer lugar, si a al 51,2% del capital social en manos de titulares extranjeros le sumamos la participación estable de Pemex Repcon Lux, que era del 4,8%, tenemos ya que el 55% del capital de la empresa está fuera de control nacional.

Y,
en cuarto lugar, sólo queda señalar que, en el mejor de los casos, el
capital español o de ascendente presuntamente español en Repsol-YPF es
de apenas el 44% del total. Un porcentaje en el que, por ejemplo, algo
más del 15% se encuentra en manos de inversores institucionales
dedicados a la especulación con sus títulos. ¿Son los intereses de
estos últimos los que dice proteger el gobierno español en sus misiones
diplomáticas a Bolivia? ¿O son los intereses del grupo financiero La Caixa?
Porque de lo que sí tengo serias dudas es de que sean los de los
tenedores minoristas españoles, pequeños ahorradores que cuentan con
poco más del 14% del capital de la empresa, de forma muy desperdigada y
sin capacidad de presión sobre el gobierno.

La conclusión final
de lo hasta aquí expuesto es más que evidente: ni Repsol-YPF es una
empresa mayoritariamente española ni sus intereses en Bolivia son
coincidentes y/o convergentes con los que deberían ser los del gobierno
español.
Ya va siendo hora de que alguien se dé cuenta de que
cuando se privatiza una empresa, todo lo relacionado con ella deja de
ser un asunto público y se convierte en un asunto de índole
exclusivamente privada, como lo son sus beneficios cuando llega la hora
de repartirlos.

Es más, este gobierno debería ser consciente
de que el Estado no puede convertirse en un vehículo de presión sobre
otros gobiernos o sobre la justicia de otros Estados. O, lo que es más
grave, dado que la diplomacia española representa a este país y a sus
ciudadanos ante el mundo, flaco favor les hace cuando, sumisa y servil,
acude a la llamada de Repsol-YPF para que presione en su favor sobre
quienes, durante décadas, han vivido oprimidos y ahora, tímidamente,
sólo reclaman lo que les pertenece. Negárselo es vergonzoso e inmoral
y, por favor, que no lo hagan en nuestro nombre.

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