Askatasuna ha dado a conocer nuevos ejemplos de lo que no duda en
denominar como «extorsión económica» destinada a acallar protestas
populares de todo tipo. El cuestionado Pacto Cívico de Iruñea ofrece
cobertura seudolegal a la imposición de multas por diferentes hechos,
desde la promoción de fiestas como el Olentzero o eventos populares, a
las reivindicaciones de carácter social y político. En base a estas
últimas se han llegado a imponer últimamente sanciones que ascienden a
1.500 euros.

Es el caso de las formuladas contra cinco jóvenes a los que se acusa
de participar en un corte de carretera en Iruñea, en la jornada de
movilización desarrollada en toda Euskal Herria para denunciar la
sentencia contra las organizaciones juveniles Jarrai. Haika y Segi, en
el pasado mes de enero. Askatasuna llama la atención sobre la falta de
garantías de defensa que acarrea el Pacto Cívico: «En la mayoría de los
casos estas personas ni siquiera fueron identificadas en la
movilización, por lo que no se puede probar su participación en los
hechos». Las sanciones han sido recurridas ante el Tribunal
Administrativo de Nafarroa (TAN). A esta instancia han apelado también
un vecino de Iturrama y tres de Arrosadia multados con 150 euros por
colocar propaganda de ANV, formación que además fue legal en Iruñea (en
Noain, por el mismo tiempo se ha llegado a imputar «delito electoral»).

Por esas misma fechas alcanzó gran eco una inhabitual irrupción de
la Policía Foral en la herriko taberna de la calle del Carmen de
Iruñea, tras haberse producido unos incidentes previos que ya habían
finalizado. Entonces ya se denunció que uno de los agredidos por los
agentes antidisturbios dependientes del Gobierno de Nafarroa fue
Imanol Berrueta, que se identificó ante los forales como «hijo de Angel
Berrueta, asesinado por un policía». Recibió un pelotazo a tres metros
de distancia. Askatasuna narra que «tras caer al suelo, un policía le
decía que se levantara. Ninguno de los agentes le ayudó ni asistió. El,
arrastrándose, llegó a entrar dentro del bar y en ese momento fue
identificado por agentes forales, que le acusan de desórdenes
públicos». El caso termina, de nuevo, en multa: 200 euros. Para Imanol
Berrueta, claro.

El organismo antirrepresivo avisa de que el Ayuntamiento no perdona:
ha dado curso ahora a seis órdenes de embargo por colocación de
carteles hace cinco años. Y que no sólo UPN promueve este tipo de
represión, sino también los cuerpos dependientes del PSOE. El 18 de
diciembre pasado, en Tafalla se realizó una caravana de coches llamando
a una jornada de movilización convocada dos días después. La Guardia
Civil interceptó a los vehículos para imponer ocho multas y retirada de
puntos del carné. Esta última medida ha sido revocada tras los
recursos, pero se mantiene la sanción económica.

Queda claro que la afección al tráfico era lo de menos. Askatasuna
lo tiene claro: «Estas multas son impuestas para intentar acallar a los
sectores populares de Nafarroa y obstaculizar sus movilizaciones. Son
un ataque contra la libertad de expresión, una verdadera extorsión
económica que afecta de forma sibilina y silenciosa a los bolsillos de
la ciudadanía». Una sangría económica contra la que piden «un muro de
contención».