Los bagdadíes muestran a las claras su odio a los «empleados de
empresas de seguridad extranjeras», a los que quieren fuera de su país
cuanto antes.

Mercenarios de nuevo cuño que circulan a tumba abierta en convoyes
blindados superarmados por las calles de la capital, «tienen el derecho
de matar por una simple sospecha», denuncia Abu Ahmed. «Ellos son los
dueños y nosotros nos hemos convertido en extranjeros en nuestro propio
país», lamenta este funcionario de 37 años de edad.

A bordo de sus 4X4 con las ventanillas tiznadas y con sus tiradores
fuertemente armados y protegidos con chalecos antibalas, apuntan con
sus ametralladoras a todo lo que se mueve. Reputados por su brutalidad,
alardean de lanzar en picado sus helicópteros para aterrorizar a la
población y no dudan en abrir fuego indiscriminadamente a los vehículos
y a los peatones que se acercan a sus convoyes.

«Son los ocupantes. Son como los militares estadounidenses y se
comportan de la misma manera», resume Mohamed Abdallah, un parado de 32
años originario del barrio de Mansur, donde mercenarios de la firma
Blackwater que escoltaban a diplomáticos estadounidenses mataron el
domingo a al menos diez civiles.

Granadas ensordecedoras

Blackwater cuenta más de un millar de mercenarios en nómina famosos
en Bagdad en particular por utilizar granadas ensordecedoras contra los
automovilistas distraídos o ïnconscientes que ignoran sus órdenes. La
firma tiene un contrato de 50.000 millones de dólares con el Pentágono
y clientes tan prestigiosos como la embajada estadounidense en Bagdad.

Blackwater se ha convertido en referencia mundial de una pléyade de
empresas de mercenarios en Irak. Atraídos por altos salarios, sus
«empleados» garantizan la logística del Ejército estadounidense y la
vigilancia de instalaciones clave.

Más allá, cumplen misiones de asistencia militar que van desde las
escoltas de convoyes de personalidades hata operaciones de apoyo a
unidades del Ejército, sin olvidar el interrogatorio de los
prisioneros, como quedó patente tras la filtración del escándalo de
torturas a los prisioneros en Abu Ghraib,

Son 50.000 mercenarios, gustan presentarse con el acrónimo PSD
(Private Security Detail), constituyen el segundo Ejército extranjero
en Irak.

Blackwater es la más conocida pero las también estadounidenses
Triple Canopy, Zapatas, Titan, CACI y la británica Aegis, entre otras,
han estado igualmente implicadas en masacres de ciudadanos iraquíes.

«No respetan a los iraquíes, interrumpen la circulación y disparan
contra todo el que se les acerca», denuncia un policía de tráfico.
«Pero no podemos hacer nada ante ellos, ni siquiera el Gobierno iraquí
puede impedirles comportarse como bárbaros», reconoce un soldado,
kalachnikov en ristre.

Un juez de la Corte Suprema del Irak, Abdel Sattar Ghafour
Bairaqdar, aseguró ayer que «la justicia iraquí tiene jurisdicción
sobre este suceso y puede juzgar a sus autores».

Lo cierto es que la ley N.17, promulgada el 27 de junio de 2004 por
el entonces virrey de EEUU, Paul Bremer, les concede inmunidad total.
Los mercenarios no obedecen más que a su propios jefes, y sus empresas
aseguran estar al margen no sólo del derecho local sino incluso de la
jurisdicción internacional.

Como requisitos, estas firmas deben contar con el aval del Pentágono
y obtener una autorización del Gobierno iraquí. Esta última formalidad
no ha sido siquiera siempre respetada.

Sí lo ha sido en el caso de Blackwater, que cuenta con licencia del Gobierno iraquí.

«Blackwater sigue aquí»

Un Ejecutivo entre la espada y la pared que anunció el lunes la
retirada del permiso a esta firma para actuar en Irak. 24 horas
después, un oficial de la embajada estadounidense confirmaba que
«Blackwater sigue aquí» y que «ha habido discusiones entre las
autoridades iraquíes y los responsables americanos».

La secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, se limitó a
«pedir disculpas» en conversación telefónica al primer ministro, Nuri
al-Maliki.

Su Ejecutivo no ha reaccionado al incumplimiento por parte del Pentágono de la retirada de la licencia a la firma

Sí lo ha hecho a la exigencia, por parte del movimiento chiíta
antiocupación, al-Sadr, de que se prohíba a todas las empresas de
mercenarios seguir en Irak.

En un intento de conjurar este frente interno interchiíta, el
Ejecutivo de al-Maliki anunció su intención de reconsiderar en los
próximos días y «en conformidad con la ley» las actividades de todos
estos grupos.

Sarmad Abdul Rahman, parado de 40 años de edad, lo tiene claro.
«Este suceso deja al descubierto una vez más la mentira de la soberanía
iraquí». Ali al-Saadi duda de que Blackwater se vaya. Es la opinión de
los bagdadíes, que han agrupado a todos los mercenarios en Irak bajo el
nombre del Mossad, el servicio secreto israelí, toda una muestra del
«cariño» que profesan a estos «asesinos».

«Habría que expulsarlos a todos», insiste Ali. ¿Y mientras tanto?
«Habrá una multiplicación de ataques de la resistencia contra estos
grupos», sentencia.