Los 300 abogados y profesores universitarios que han actuado como
observadores en el macro juicio 18/98 han presentado un informe donde
recogen el cúmulo de irregularidades desde el inicio del sumario 18/98
juzgado en la Audiencia Nacional española (AN) y concluyen que la
sentencia contraviene las bases de un Estado de Derecho.

La comisión de observadores ha seguido el juicio desde que empezaron
las sesiones, y hasta 30 abogados internacionales se han desplazado a
Madrid a lo largo de los dieciséis meses que ha durado la vista oral.
En el análisis de la evolución del proceso han intervenido 300
juristas, que firmaban el informe que se presentó ayer en rueda de
prensa en Barcelona, con el apoyo de tres federaciones internacionales:
la Asociación de Abogados Europeos Demócratas, la Asociación de
Juristas por los Derechos Humanos y la Asociación Internacional de
Juristas Demócratas.

Irregularidades jurídicas

El informe detalla el cúmulo de irregularidades jurídicas que los
observadores internacionales han detectado a lo largo del juicio, que
les conducen a concluir que «la sentencia evidencia que no estamos ante
un acto de investigación de hechos y emisión de justicia, sino ante un
intento de dotar de apariencia jurídica a una decisión política».

En la comparecencia, Rafael Calderon, de la Associació Catalana per
a la Defensa dels Drets Humans, denunció que el primer problema yace en
la base misma con que el juez Baltasar Garzón inició el proceso: el
«todo es ETA», premisa que supone «una imparable extensión del concepto
de terrorismo».

Calderon hizo, a este respecto, un recorrido por las actuaciones de
Garzón durante el juicio que consideró que contravienen el Estado de
Derecho, como cerrar ``Egin'' y Egin Irratia antes de empezar la
instrucción; no tener en cuenta las denuncias por torturas de algunos
de los procesados; admitir a agentes de la Policía española y la
Guardia Civil en calidad de peritos; imputar a dos abogados defensores
por alguna de sus intervenciones durante el juicio; o menospreciar a
los 230 testigos aportados por la defensa. Todas estas actuaciones le
llevan a la conclusión que «la Audiencia Nacional española ha asumido
el papel de tribunal de excepción».

Éste abogado catalán también se hizo eco de la observación que
apuntó uno de los abogados alemanes que han actuado de observadores:
«Había visto anteriormente juicios sin pruebas, pero nunca un juicio
sin crimen, como en este caso». Se trataba de Martin Poel, reputado
letrado recientemente fallecido.

Amalia Alejandre, en representación de la Asociación Libre de
Abogados de Madrid, intervino para desmontar la sentencia que se
conoció el pasado mes de diciembre, y que según el informe se presenta
al revés de como debería: primero expone la conclusión y luego fuerza
las pruebas presentadas para poder sustentarla. «Es poner el mundo del
derecho patas arriba», apuntó Alejandre en la presentación del informe.
Añadió que la deriva que ha tomado la Audiencia Nacional con este
sumario es muy peligrosa y supone un antes y un después en la
aplicación del Derecho.

También tomó la palabra August Gil Matamala, quien ha sido
presidente de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas. Alertó en
su alocución de que resulta extremadamente preocupante el uso que se ha
hecho en este caso de la Justicia como una herramienta de intervención
política, situación que, para Gil Matamala, «aún acarreará más
consecuencias graves» en el futuro documento