Batasuna es un partido político con apenas siete años de vida, una insignificancia frente a formaciones históricas como el PSOE o el PNV. Su potencial electoral puede calcularse en torno a los 200.000 votos, apenas una gota de agua en el conjunto de dos estados que suman más de 100 millones de habitantes. Su representación institucional no es significativa. Su presencia pública es tergiversada o invisibilizada por los grandes grupos mediáticos. Cualquier observador lejano concluiría que para Madrid y París no es más que una incómoda formación periférica, una pequeña piedra en el zapato. Sin embargo, estas dos últimas semanas han constatado todo lo contrario: pocas veces dos estados tan grandes pusieron tanto empeño en borrar del mapa a un partido político tan pequeño. Un partido al que, por otra parte, siempre auguran su desaparición espontánea: si Josu Jon Imaz afirmó tras el fin del proceso de negociación que «se disolverán como un azucarillo», el viernes Alfredo Pérez Rubalcaba exponía que «no irán a las próximas elecciones porque están muy débiles y no quieren medirse».

A su pesar, este partido al parecer tan insignificante ha puesto en evidencia que la democracia en el Estado español y en el francés es pura fachada. Desde Madrid llevaban muchos años persiguiendo a la representación política de este sector social: intento frustrado de ilegalización, encarcelamiento masivo de su dirección, secuestro de subvenciones, cargas policiales... Pero nunca hasta ahora se había llegado a forzar su ilegalización, en una carrera imparable que de momento se ha llevado por delante incluso a un partido con la relevancia histórica de ANV. La sentencia del Tribunal Supremo conocida esta semana muestra cómo al Estado ni siquiera le bastan sus propias reglas de juego y tiene que retorcerlas una y otra vez: si la Ley de Partidos ya era una norma ad hoc contra la izquierda abertzale, las sentencias contra ANV y EHAK son la relectura ad hoc de una ley que no dice lo que el Supremo necesitaba que dijera.

El Estado francés parece ahora dispuesto a iniciar el descenso por este tobogán que luego nunca acaba y que siempre termina en un barrizal antidemocrático. En Euskal Herria lo han percibido con claridad representantes políticos nada sospechosos de afinidad con la izquierda abertzale, como Max Brisson, Didier Borotra o Frantxua Maitia. Pero el silencio de los núcleos de poder parisinos no augura nada bueno.

La propuesta es el problema

Llegados a este punto, es imprescindible preguntarse qué es lo que altera tanto a Madrid y París. Qué es lo que hace que, por ejemplo, el mismo Estado español que durante tantos años alentó a la izquierda abertzale a acudir a las instituciones con normalidad ponga ahora tanto empeño en cerrarle todas las puertas. Y la respuesta no puede ser otra que su propuesta política.

Esta doble persecución se produce en un momento en que Batasuna ha puesto sobre la mesa una iniciativa caracterizada por su realismo, un planteamiento hecho a ras de suelo. Ni Madrid ni París han querido entrar al debate sobre su contenido; su respuesta va por la vía de los hechos, cárcel e ilegalización. El Estado español explica, por las bravas, que no está dispuesto a aceptar una autonomía conformada por los cuatro territorios -la que demandaba una mayoría social tras el franquismo y fue impedida en los despachos de Madrid- que reconozca el derecho a decidir de la ciudadanía vasca y que no impida la independencia si ése fuera el deseo mayoritario. El Estado francés, por su parte, muestra con la redada de esta semana que tampoco contempla en su agenda dar respuesta positiva a la reivindicación social de una autonomía de los tres territorios vascos, que haga explícita una realidad llamada Euskal Herria y que vaya mucho más allá de la folklórica omnipresencia de la ikurriña en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa.

Hace unos años, el reverendo irlandés Alec Reid se lo advirtió a la izquierda abertzale: «Cuanto más razonables sean vuestras propuestas, más os perseguirán». Acertó de pleno.