La Coctelera

MARRASKILO

19 Noviembre 2008

MAS DE LO MISMO

El 19 de noviembre de 2007, en una operación conjunta entre la Policía española y la Guardia Civil, eran detenidos en Burlata los jóvenes Iñigo Gulina, Aitor Torrea, Iker Gorriz, José Javier Osés y los hermanos Xabier y David Urdin. Al día siguiente, el Ministerio español de Interior difundía una nota en la que les hacía responsables de 32 actos de kale borroka llevados a cabo en Iruñerria; en concreto, de 16 acciones cometidas mediante la colocación de artefactos explosivos, 11 lanzamientos de cócteles molotov y cinco cortes de vías ferreas y de infraestructuras ferroviarias.

Fuentes policiales especularon con que los jóvenes pudieran estar preparando alguna otra acción de cara al 20-N, aunque sin aportar pruebas. El delegado del Gobierno español en Nafarroa en aquel entonces, Vicente Ripa, aprovechó la ocasión para lanzar unas altisonantes declaraciones en las que advertía a la juventud de que «tras el cóctel no hay paraíso», así como que «el futuro está en los libros de texto y no en los manuales de explosivos». Además, Ripa aseguró que en el caso de los burlatarras apresados, existían «pruebas suficientes para que se les pueda imputar una acusación».

Sin embargo, cuando ha transcurrido ya un año de los arrestos, sólo tres de ellos -Iñigo Gulina, José Javier Osés y David Urdin- siguen en prisión, y todavía no se conoce de qué acciones concretas les acusa el Ministerio Público ni qué pruebas tienen contra los jóvenes. «Aún a día de hoy, la causa que se sigue contra ellos permanece bajo secreto sumarial, sin que podamos conocer ni los hechos concretos y constatados que se les imputa, ni las pruebas que dicen tener en su contra», alertó Mari Carmen Tirapu, madre de Iñigo Gulina.

De ese modo, denunció que los arrestos y posteriores encarcelamientos de los jóvenes se debieron «a su implicación, su trabajo en el movimiento popular y su compromiso por el pueblo». Además, Tirapu, en nombre de los allegados, criticó el reciente traslado de José Javier Osés a la cárcel de Huelva, «con el riesgo añadido para los familiares de perder la vida en cualquiera de los desplazamientos».

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