EL FIN DE ETA Y DE LA IZKIERDA ABERTZALE
En el conjunto de Hego Euskal Herria se ha activado la búsqueda de pactos contra la izquierda abertzale que para nada se corresponden con las lecturas oficiales que se hacen, tanto de la situación operativa de ETA como de la realidad política del independentismo vasco.
La búsqueda de un pacto para «construir y asegurar la unidad de todos los demócratas en contra de la violencia» -como pidió Iñigo Urkullu-, en el que «se fije una posición muy clara, contundente y unitaria» -como deseó Rodolfo Ares- y que además aúne las posiciones del Ministerio del Interior, cuente con el aval de Sabin Etxea y contente al PP es una tarea que consume muchas energías al conjunto de implicados. Por lo tanto, sólo cabe iniciarla si el objetivo final está a la altura del esfuerzo titánico que requiere y de las contradicciones que puede generar en cada grupo político.
Si atendemos al discurso oficial, no hay razones objetivas para ello. Tanto el Ministerio del Interior como la Consejería autonómica del ramo insisten, una y otra vez, en que ETA está más débil que nunca, abocada a una fase terminal, y en que la izquierda abertzale apenas es capaz de urdir maniobras de distracción que son fácilmente desmontables y que, además, se va acabando con los espacios de impunidad. Si esas condiciones fueran ciertas, «los demócratas» no necesitarían ningún pacto, tan sólo una fila de butacas (como en el cine) para ver pasar ante sí el cadáver político de «los violentos y quienes les amparan y justifican».
Se ha aludido también, como argumento para justificar este nuevo pacto, a la necesidad de evitar enfrentamientos como los que se produjeron tras la muerte del jefe policial Eduardo Puelles entre el Gobierno de Lakua (o el PSOE) y el PNV. Sin embargo, es preciso recordar que aquella disputa fue meramente coyuntural y no estuvo provocada por diferencias de fondo en la «estrategia antiterrorista», sino porque el nuevo Ejecutivo de Patxi López y sus apoyos mediáticos trataron de hacer ver que se abría una nueva fase en la respuesta pública a los atentados de ETA, lanzando el mensaje añadido de que el Gabinete anterior, el de Ibarretxe, no hacía lo suficiente. Algo que, como es lógico, enfadó, y mucho, a los dirigentes jeltzales.
Pero aquello acabó diluyéndose, y tras el atentado de Burgos y los de Mallorca el coro de «los demócratas» volvió a sonar al unísono, sin que nadie desafinara. Sólo unas palabras posteriores del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre que ninguna fuerza de la izquierda abertzale sería legalizara aunque hiciera un «desmarque-trampa» de ETA dieron lu- gar a algún debate colateral entre el PSOE y el PNV.
Al margen de las contradicciones que al discurso del Gobierno le han podido generar los atentados de Burgos y Mallorca, lo cierto es que en esta legislatura la «política antiterrorista» no ha sido motivo de enfrentamiento entre partidos, y tanto PSOE y PP como el propio PNV vivían en este terreno en una situación de gran placidez. Si todos ellos, o al menos PSOE y PNV, están dispuestos a abordar un cambio de estrategia que a buen seguro les generará roces dentro y fuera de sus respectivos partidos, sólo puede ser porque prevén que el objetivo de su pacto, es decir, la izquierda abertzale, también está abordando con seriedad un debate a la búsqueda de lo que ha venido a definir como «una estrategia eficaz».
Pese a las muchas intoxicaciones que pueden escucharse, o leerse, sobre los movimientos en la izquierda abertzale y a las declaraciones que se hacen desde instancias gubernamentales-las últimas las de Rodolfo Ares sobre quién tiene agallas y quién no-, lo cierto es que parece que tanto el PSOE como el PNV se han tomado esta cuestión en serio y están dispuestos a abordar conjuntamente los desafíos que presente el independentismo vasco en los próximos meses. Un movimiento esclarecedor tanto en el fondo como en la forma
